En nuestra sociedad las grandes infraestructuras de transporte disfrutan de un enorme grado de aceptación. Sin embargo, esta valoración se basa en un buen número de tópicos y mitos que asignan a las infraestructuras un papel clave en el desarrollo económico, en la creación de empleo y en el reequilibrio territorial, algo que, a menudo, no tiene correspondencia con la realidad. Por otro lado, el transporte es un sector muy propicio para los megaproyectos, que casi siempre se acometen con tanta cantidad de fondos públicos como escasa justificación y participación ciudadana, abriendo muchas posibilidades de comisiones y otras irregularidades. Ambos factores mencionados, unidos a los réditos políticos y mediáticos que conlleva su construcción, han hecho que en el Estado español hayamos llegado a una situación de desmesura en la dotación de infraestructuras de transporte muy difícil de entender desde una óptica racional.
Infraestructuras de transporte y crisis. Mitos y realidades. Cuadernos de Ecologistas en Acción, 20.
Con esta breve y lúcida presentación comienza el muy interesante Cuaderno “Infraestructuras de transporte y crisis – Mitos y realidades” editado por el área de Transporte de Ecologistas en Acción en 2011, cuyo contenido tuvimos la suerte de conocer en Valladolid de primera mano cuando Paco Segura participó en el curso de septiembre de 2014 dedicado al Transporte Sostenible.
Este interesante estudio documenta los gigantescos gastos dedicados a infraestructuras de transporte en las últimas décadas en nuestro país (autovías, AVEs, aeropuertos, etc.) y promovidos con gran entusiasmo tanto desde el Gobierno Central como desde los diferentes gobiernos regionales para remediar el (supuesto) “grave déficit histórico de infraestructuras de transporte” del país. La foto fija del año 2009 muestra como en ese año gastábamos entre 2 y 7 veces más que países de nuestro entorno como Alemania, EEUU, Reino Unido o Francia (todos ellos además con mayor población que España).
Sin embargo, la realidad del (supuesto) “déficit” es que:
- España es el país europeo con más km de autovías y autopistas (más de 20% del total de la UE) y sólo 2 países del mundo nos superan en km totales: EEUU y China (que tienen entre 7 y 30 veces más población).
- Somos el primer país europeo y el segundo del mundo en km totales de alta velocidad ferroviaria (pero eso sí con muy pocos viajeros, tan sólo el 20% con respecto a Francia, y el 7% respecto a Japón).
La distribución actual del gasto público en el Estado español sigue siendo notablemente diferente al de los países europeos más avanzados, como recientemente señala Juan Carlos Barba: en la cola de la protección social y en la cima de infraestructuras inútiles.
Alguien podría pensar que más infraestructuras de transporte al fin y al cabo repercuten en mayor calidad de vida a pesar de que éstas no se usen a pleno rendimiento. Y que ya les gustaría a otros países tener tantas opciones de comunicación. Pero en el caso de las infraestructuras de transporte se trata de un pensamiento tremendamente ingenuo debido a las enormes cantidades de dinero que requieren (principalmente público además). Así, la realidad es que, cuando una administración decide dedicar una parte del presupuesto a una infraestructura de transporte determinada, pierde la oportunidad de dedicarlo a otros asuntos: es lo que se conoce como coste de oportunidad de una inversión. Y es que las infraestructuras de transporte son extremadamente costosas: un kilómetro de AVE puede costar, por ejemplo, entre 20 y 30 millones de euros. Esto hace que el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) actualmente en vigor 2012-2024 equivalga a unos 11.500 millones de euros al año de media (entorno a 1% del PIB del país anualmente, 140.000 millones de euros durante todo el periodo). Como referencia, el famoso “decretazo” de mayo de 2010 permitió ahorrar mediante recorte social “sólo” 15.000 millones de euros en 2 años).
De hecho, un estudio reciente de FEDEA sobre la rentabilidad financiera y social de la red AVE en España concluyó que aunque generalmente se cubren los costes variables (exceptuando el corredor Madrid-Norte, al que pertenece la línea Madrid-Segovia-Valladolid, lo que quiere decir que se requieren subsidios públicos permanentes para su funcionamiento), en ningún caso se cubre la inversión, lo que implica que estas inversiones no serán rentables ni para las empresas ni para la sociedad. Como regla general, se estima que una línea de alta velocidad de unos 500 km de longitud debe de ser capaz de mover a unos 10 millones de pasajeros al año para poder ser rentable a la sociedad. Las mayoría de líneas españolas operan por debajo de ese umbral, como se ve en la siguiente figura:
¿Cúal es entonces la motivación para esta política tan irracional en la promoción de infraestructuras de transportes en España? Se pueden enumerar al menos 3 razones principales:
- “Mito del desarrollo” enraizado en la clase política dominante – y gran parte de la población- en el que las infraestructuras son buenas per se, estimulando el desarrollo económico (la existencia directa de esta relación ha sido desmentida por numerosos estudios).
- “AVE para todos” como objetivo político, en el que las consideraciones de rentabilidad financiera y social no han sido relevantes (al contrario que en otros países como Francia, Japón o Italia).
- Por último, los megaproyectos son dados a las corruptelas dado que manejan presupuestos muy grandes durante muchos años. Se establece una estrecha relación entre Gobierno y grandes empresas (por ejemplo 70% del volumen de contratación de infraestructuras a las 6 principales constructoras: ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr-Vall, OHL). Los papeles de Bárcenas demostraron que existe, presuntamente, una relación muy clara entre pagos y contratos de infraestructuras (no sólo de transporte, por supuesto, y con claras conexiones con la especulación urbanística).
Entre las razones esgrimidas más recientemente para justificar la realización de estos proyectos se encuentran sus (supuestos) beneficios ambientales en términos de reducción de emisiones y ahorro de energía. Este fue precisamente el objetivo de una investigación recientemente publicada sobre el proyecto en construcción de la Y vasca (la conexión mediante AVE de las 3 capitales vascas con Madrid), dado que los informes existentes hasta la fecha se basan en estudios que obvian los impactos asociados a la construcción y se centran sólo en los potenciales beneficios obtenidos durante la fase de operación. De hecho, los presupuestos de 2016 del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco destinan la mayor partida presupuestaria (superior al 50%) al tren de alta velocidad. Sin embargo, los datos ofrecidos públicamente sobre la supuesta reducción del consumo de energía y emisiones derivadas de la puesta en marcha de la Y vasca son contradictorios. Una búsqueda en google del texto “El tren de alta velocidad evitará una emisión a la atmósfera de 425 toneladas diarias de CO2” proporciona casi 300 entradas, cifra que ha sido mencionada repetidas veces por representantes del Gobierno Vasco. Este dato se contradice, sin embargo, con los informes que ha manejado el propio Gobierno Vasco.
Los resultados de nuestro estudio muestran cómo ni siquiera la consideración de tráfico mixto de pasajeros y mercancías (posibilidad abiertamente cuestionada por numerosos expertos) y teniendo en cuenta las estimaciones demanda más optimistas, se obtienen reducciones de emisiones ni del consumo de energía que sean capaces de compensar el déficit de partida asociado a las cargas de construcción de la infraestructura. Independientemente del volumen final de demanda de pasajeros y mercancías y el horizonte temporal considerado, el análisis dinámico muestra que la Y vasca nunca lograría compensar las emisiones de GEI y requeriría más de 55 años de funcionamiento (de un total de 60) bajo las condiciones más optimistas para compensar los requerimientos energéticos de su construcción.
En consecuencia, la reducción de emisiones de GEI y ahorro de energía no puede ser un argumento a favor de la construcción y puesta en marcha de la Y vasca. Este estudio demuestra por lo tanto que los supuestos beneficios ambientales de la alta velocidad están lejos de ser un argumento automáticamente favorable para la construcción de estas infraestructuras de transporte. El referido estudio forma parte de una serie de análisis titulada “Análisis Transdisciplinar Del Modelo Ferroviario de Alta Velocidad: El Proyecto de Nueva Red Ferroviaria Para El País Vasco” en el que también se han analizado aspectos como el contexto de las políticas de transporte de la UE, la rentabilidad económica de la Y vasca (que sale igualmente negativo, como para el resto de corredores españoles) y la vertiente política del problema.
Así pues, cada proyecto de infraestructura de transporte debería de ser analizado cuidadosamente antes de incurrir en irresponsables inversiones multimillonarias (10.000 millones de euros estimados en el caso de la Y vasca) en proyectos no-sostenibles que hipotequen a las generaciones futuras.
Iñigo Capellán-Pérez y David Hoyos.
Referencias
Antigüedad, Iñaki, Roberto Bermejo, David Hoyos, Germà Bel, Gorka Bueno, Iñigo Capellán-Pérez, Izaro Gorostidi, Iñaki Bárcena, and Josu Larrinaga. “Análisis Transdisciplinar Del Modelo Ferroviario de Alta Velocidad: El Proyecto de Nueva Red Ferroviaria Para El País Vasco.” Cuadernos de Trabajo HEGOA 71 (2016): 54.
Bueno, Gorka, David Hoyos, and Iñigo Capellán-Pérez. “Evaluating the Environmental Performance of the High Speed Rail Project in the Basque Country, Spain.” Research in Transportation Economics. Accessed March 2, 2017. doi:10.1016/j.retrec.2017.02.004.